La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia reconoce que la lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de Derechos Humanos y que, para promover y garantizar los derechos que les reconoce el Ordenamiento Jurídico, es esencial asegurar el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Por ello, las Administraciones Públicas deben fomentar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a desarrollarse libre de cualquier tipo de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación que repercuten negativamente en su salud física, dificultades de aprendizaje, consecuencias psicológicas y
emocionales, problemas de salud mental y comportamientos perjudiciales para la salud como abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.
Esta ley impone distintas obligaciones cuya observancia contribuye a la creación de entornos seguros y libres de violencia que deben ser conocidas por quienes desarrollan actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, con trato repetido, directo y regular. El conocimiento de tales obligaciones como las actuaciones de prevención y de detección precoz de la violencia o el deber de acompañamiento y comunicación, exigen una actividad formativa que, de forma accesible y sencilla, contextualice tales obligaciones, describiendo el marco normativo que las impone, ponga a disposición de los destinatarios de la acción formativa herramientas para la prevención y detección precoz y clarifique
las actuaciones de intervención de apreciarse una situación de violencia contra un niño, niña o adolescente en el marco de una actividad de deporte y ocio.